El TJUE confirma que el complemento de maternidad discriminatorio persiste en España
El debate sobre el complemento de maternidad discriminatorio ha vuelto con fuerza al centro de la escena legal y social en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente sentencia, ha reiterado que la normativa vigente continúa generando un trato desigual entre hombres y mujeres. A pesar de los cambios introducidos en 2021, que pretendían corregir los errores del pasado, el tribunal europeo considera que persiste una discriminación por razón de sexo. Este escenario ha dejado a miles de padres pensionistas en una situación de indefensión jurídica. En este contexto, contar con el apoyo de un abogado no es solo recomendable, sino esencial para hacer valer los derechos afectados.
¿Por qué sigue siendo un complemento de maternidad discriminatorio?
Antecedentes del conflicto legal
El complemento por hijos en pensión nació con la intención de corregir la histórica brecha de género en pensiones, una realidad que afecta mayoritariamente a las mujeres por la interrupción de sus carreras profesionales para cuidar de sus hijos. Por ello, hasta 2021, este complemento se otorgaba automáticamente a las madres con dos o más hijos que accedieran a una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Los hombres, en cambio, estaban completamente excluidos del beneficio.
Esta situación motivó la intervención del TJUE, que en 2019 declaró inconstitucional esta exclusividad por tratarse de una clara violación del principio de igualdad. El Gobierno español respondió modificando el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, permitiendo que los padres pudieran solicitarlo. Sin embargo, esta reforma no alcanzó el objetivo de igualdad real, ya que los requisitos para los hombres se volvieron mucho más exigentes, generando un nuevo foco de conflicto.
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Discriminación en Seguridad Social: el núcleo del problema
Actualmente, las madres reciben este complemento automáticamente con solo acreditar el nacimiento de sus hijos. En cambio, los padres deben demostrar que la paternidad tuvo un efecto negativo en sus carreras laborales. Además, la pensión que perciben debe ser inferior a la que le correspondería a la madre. Esta doble exigencia se traduce en un acceso desigual que perpetúa una clara desigualdad de género en la Seguridad Social.
La justicia europea ha sido clara: imponer requisitos distintos en situaciones equivalentes supone un trato discriminatorio e injustificable, incluso si la intención original del complemento era positiva. En otras palabras, se ha pasado de un modelo excluyente a otro que, aunque más inclusivo en apariencia, continúa limitando injustamente los derechos de los padres. El resultado es que el sistema sigue siendo un complemento de maternidad discriminatorio.
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Requisitos para padres en complemento: un muro legal
Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los padres es la complejidad de los trámites para acceder al complemento. Según la normativa vigente, los hombres deben presentar pruebas concretas de que sus carreras se vieron afectadas por el nacimiento o adopción de un hijo. Esto puede incluir interrupciones laborales, periodos sin cotizar, o una reducción en la base de cotización. Todos estos elementos deben además cumplir con criterios temporales muy específicos, lo que hace que muchos casos terminen siendo rechazados sin una evaluación completa.
A diferencia de las mujeres, que acceden de forma automática, este proceso pone a los hombres en una situación de evidente desventaja. Es aquí donde empieza a manifestarse la injusticia en el complemento de pensión: no por falta de mérito, sino por un sistema que sigue aplicando criterios desiguales.
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Pérdida de derechos económicos
El impacto económico de esta situación es significativo. Cada hijo otorga un complemento de 35,90 € mensuales, con un máximo de cuatro. Esto significa que un padre con derecho a este beneficio podría estar perdiendo hasta 143,60 € al mes. A lo largo de los años, la suma puede traducirse en una diferencia de miles de euros, lo que repercute directamente en la calidad de vida del pensionista y su familia.
La falta de equidad en el acceso a esta ayuda agrava la ya existente brecha de género en pensiones, generando nuevas formas de discriminación y afectando el bienestar económico de quienes han contribuido al sistema durante toda su vida laboral.
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